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TOMANDO IMPULSO HACIA UNA MINERÍA SOSTENIBLE

Por: MSc. Fernando Rodríguez Rossi, gerente y consultor líder en RDZ Consulting.


En las últimas semanas venimos escuchando frecuentemente que el país afronta una “nueva normalidad” de desarrollo a raíz de la pandemia. Esta realidad, aplicada al sector de la gran minería, significa implementar formas innovadoras de cómo explorar, diseñar, construir, operar y cerrar minas. Si bien el desafío es grande, esta situación ratifica una oportunidad única de liderar la reactivación económica del país, de la mano de prácticas de responsabilidad social y ambiental ejemplares, que apuntan a una mayor contribución sostenible; siendo estos aspectos muy relevantes, en tiempos donde la humanidad busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas al 20301.

Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo haremos para reactivar la minería y, a la vez, elevar nuestras prácticas de responsabilidad para contribuir de manera más sólida hacia el desarrollo sostenible al 2030? ¿Por dónde empezamos?

Refrescar conceptos y fundamentos de la sostenibilidad

Partamos por entender tres conceptos claves, intrínsecamente relacionados entre sí y que nos permitirían como sector minero, alinear ideas y estandarizar criterios:

Desarrollo sostenible: Hay probablemente cientos de diferentes tipos de definiciones, pero quizás la más utilizada y de más fácil comprensión (además de ser aceptada por el Ministerio del Ambiente), proviene del Brundtland Report2 de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1987: “Desarrollo que satisfaga las necesidades de la sociedad respetando los límites ecológicos del planeta y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible tiene tres dimensiones –económica, social y ambiental–, que son interdependientes, similar a los que vemos en los 17 objetivos planteados por Naciones Unidas. 

Minería sostenible: al igual que el concepto de desarrollo sostenible, su interpretación ha tenido múltiples facetas a lo largo de los años, desde las posiciones más antagónicas indicando que la minería al explotar recursos no renovables no puede ser sostenible, hasta los conceptos modernos y ampliamente aceptados de la generación de valor compartido3 y de contribución a la sostenibilidad de las naciones que dependen de los recursos mineros. Si intentamos llevar la sostenibilidad al lenguaje minero, podríamos tener algo como: “explorar, diseñar, producir, remediar y agregar valor mediante los recursos mineralógicos de la manera más eficiente posible, respetando las necesidades de las partes interesadas y los valores de otros usuarios de recursos y manteniendo y/o mejorando la calidad ambiental para las generaciones presentes y futuras”.

Responsabilidad social y ambiental: el concepto más usado es el de la Guía ISO 260004, en el caso de las empresas mineras, describe las acciones a considerar respecto de las partes interesadas y el medio ambiente para contribuir al desarrollo sostenible. Textualmente la guía indica: “la organización que se responsabiliza de los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente”. La aplicación de una gestión socialmente responsable bajo la norma ISO 26000 permite a las empresas priorizar manejos de ecosistemas saludables, buscar una equidad social y llevar a cabo una buena gobernanza organizacional.

Plantear propuestas estructurales que contribuyan a la sostenibilidad

Para lograr la visión de trascender como catalizador de la reactivación económica del Perú en esta década, posicionarnos como líderes en gestión minera moderna y responsable en la región, además de contribuir decididamente al desarrollo sostenible, se requerirá de una estrategia pública-privada coordinada y concertada de partes interesadas: Estado, gremio de empresas mineras y grupos de interés.  

Es así como, a consecuencia de la postergación de la construcción del proyecto Tía María en 2019, el Gobierno peruano, conformó mediante decreto supremo5, una Comisión de “alto nivel” para el desarrollo sostenible, encargada de proponer reformas para el mejor desarrollo de la minería. Actualmente ya se tiene a disposición las “Propuestas de medidas normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero6”, el cual trae excelentes propuestas para fortalecer la competitividad del sector. Un año antes de este informe, ya contábamos también con “La visión de la minería en el Perú al 2030”, otro análisis sólido de perspectivas sostenibles realizado por una iniciativa público-privada denominada Rimay –Centro de Convergencia y Buenas Practicas Minero-Energéticas–.

El informe de la comisión presenta 81 recomendaciones divididas en 5 ejes de acción, siendo estos de índole social, ambiental, regulatorio, fiscal y minería informal e ilegal; y que parten de un adecuado diagnóstico para continuar luego con un ejercicio de análisis muy serio, multiactor, inclusivo y lo más importante, consecuente con nuestra realidad. 

En el eje social sobresale la propuesta de ejecutar un piloto de Plan de desarrollo territorial, que sea sostenible e integrado; además de otras como las propuestas de redistribución de recursos y un alineamiento nacional para la gestión de conflictos. 

En el eje ambiental es importante resaltar la iniciativa de generar mecanismos de intervención temprana y colaborativa con participación de los organismos evaluadores y los grupos de interés, tan necesario para generar confianza y simplicar los procesos de “EIA enciclopédicos”. Otros aspectos se refieren a la optimización de los permisos y estudios ambientales.

Existe un componente regulatorio donde se ha visto un claro retroceso con el paso de los años, y nos referimos al “proceso administrativo de las aprobaciones en proyectos de exploración”. Si queremos ser un país competitivo, atraer más inversión, tecnología e innovación, y no darle la espalda al desarrollo, las recomendaciones del informe son muy claras: enfoque de permisos en base a la magnitud de la exploración (número de plataformas) e impactos ambientales y claridad en la metodología de consulta previa.

Las propuestas en los ejes de fiscal y minería informal, son también muy sólidas, por lo tanto, el informe en su totalidad es de altísimo valor y que, si bien nos presenta un consolidado de las brechas que actualmente limitan el desarrollo competitivo de la minería en el país, por otro lado, nos traza una línea de oportunidad para establecer prioridades y empezar a aterrizar estas recomendaciones en planes y grupos de trabajo concertados. Se requiere de voluntad política, de congruencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, del compromiso del gremio minero y de los actores sociales, sin perder de vista el objetivo final de contribución al desarrollo sostenible a nivel nacional.  

Las empresas mineras son conscientes de la importancia de implementar muchas de esas recomendaciones, sin embargo, no está necesariamente bajo su esfera de control en el corto o mediano plazo; lo que sí queda claro, es que las operaciones y nuevos proyectos mineros pueden enfocar esfuerzos concretos en responsabilidad, y de hacerlo de manera coordinada y estandarizada. Por lo tanto, la siguiente pregunta es: ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué criterios, guías o mejores prácticas debiéramos considerar para lograr ser ejemplo de responsabilidad social y ambiental?

Consolidar el rol de empresas mineras socialmente responsables

La evolución de los conceptos de responsabilidad social ha sido bastante notoria en el sector minero nacional en las últimas dos décadas, y muchas veces esto se ha visto reflejado, por ejemplo, en cómo se denominaba comúnmente al área o departamento que gestionaba este componente en una operación minera: Relaciones Comunitarias fue el término preferido durante muchos años, y del que ahora lo interpretamos como un fundamento más dentro de una serie de elementos que componen una “Gestión Social”, mucho más integral y con visión de valor compartido. 

De más está decir que el “nuevo mínimo” esperado es que las empresas mineras establezcan sólidas relaciones con los grupos de interés, en especial comunidades en las áreas de influencia de un proyecto minero, obtengan acuerdos y convenios necesarios y trabajen en colaboración con representantes de la comunidad con la expectativa de que, habiendo cumplido todos los requisitos y habiendo llegado a un acuerdo con las principales partes interesadas, puedan llevar adelante sus actividades o iniciar sus operaciones. Este enfoque ya no es suficiente ni sostenible en el tiempo, y la experiencia reciente con algunos proyectos y operaciones mineras enfrentando conflictos sociales y postergaciones, nos obligan a ver el tema desde perspectivas más integrales.

La Guía de Responsabilidad Social incluida en la norma voluntaria ISO 26000:20107 es actualmente el referente preferido por las empresas de la gran minería para diseñar e implementar un programa estratégico de responsabilidad, principalmente porque está compuesta de principios y prácticas que guardan una estrecha relación y un alto grado de alineamiento con las problemáticas del sector. Si bien la guía ISO 26000 no es certificable, aborda siete temas centrales de responsabilidad social, y que rompen ese paradigma de que la responsabilidad minera solo engloba aspectos de desarrollo social y cuidado ambiental; estos 7 ejes están claramente definidos en la norma y descritos en la Figura 1.

La guía desarrolla cada uno de estos ejes en un nivel de detalle tal, que cubre conceptos generales, la relación que tienen con el concepto de responsabilidad, las prácticas esperadas en las entidades del Estado y en las empresas mineras, el seguimiento y la medición. ¿Cómo vienen aplicando las empresas mineras los requisitos de esta guía?

En Derechos Humanos, las empresas mineras responsables han desarrollado e implementado políticas o declaraciones de posición en torno a los derechos humanos aplicables a toda la organización; y de igual forma han definido los recursos y medios para evaluar la manera en que las actividades existentes y propuestas podrían afectar a estos derechos, además de contar con un sistema de seguimiento y medición del desempeño a lo largo del tiempo. Los aspectos que normalmente vemos como un común denominador en las empresas responsables son: mecanismos de resolución de quejas, discriminación y grupos vulnerables, derechos civiles, económicos, sociales, culturales y del trabajo.

En el componente de Prácticas Laborales, resaltamos el hecho de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y no discriminar, ya sea directa o indirectamente, en ninguna práctica laboral, exigida también a los proveedores, contratistas y sub-contratistas.

La Responsabilidad Ambiental está basada en un enfoque de gestión de riesgos y prevención de la contaminación, alineada con los conceptos de la norma ISO 14001. Los ejemplos más resaltantes de una gestión ambiental responsable en minería se reflejan en las medidas de reducción de consumo de agua, residuos, consumo energético y emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI).

Respecto a Prácticas Justas de Operación, vemos que ya es un estándar en la gran minería el contar con políticas o declaraciones anti-corrupción (incluyendo aspectos de extorsión y sobornos) y de sensibilización con todos los trabajadores de manera periódica y programada.

La Responsabilidad en Asuntos de Consumidores, enfocada a minería aplica hacia los socios comerciales estratégicos; ejemplos prácticos en el sector minero corresponden a la responsabilidad en la cadena de comercialización de minerales y concentrados, ya sea para transformación –como la fundición, refinado– o para comercialización directa de productos metálicos. Aplica también a los subproductos, como por ejemplo la producción de mercurio elemental en la mayoría de las operaciones de oro y plata.

Finalmente, en lo que respecta a Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad, que es una característica de las más sólidas y maduras que tiene el sector minero, nuevamente resaltamos la importancia del valor compartido y las oportunidades de desarrollo de la comunidad de manera conjunta con el desarrollo minero y en alianza con otras organizaciones. Además de otros aspectos claves como:

ν Fomentar los mecanismos de consulta previa y actuar sobre las necesidades y preocupaciones;

ν Fomento de creación de empleo con contrataciones locales a través del desarrollo de empresas y la diversificación de la actividad económica;

ν Buscar mecanismos de desarrollo de las competencias técnicas de los miembros de la comunidad;

ν Más relevante que nunca resulta ahora el cerrar las brechas de salud y prevención de enfermedades.

Mejores prácticas internacionales aplicables a minería

Ahora que conocemos más sobre la capacidad de poder diseñar y estructurar un sólido sistema de gestión de responsabilidad social bajo la guía ISO 26000, queda aún la incertidumbre de como poder “aterrizar” muchos de estos conceptos (generales en muchos casos) a las realidades de la industria minera.

Para poder lograrlo, no hay que invertir en grandes estudios o investigaciones, ni tampoco hay que levantar el teléfono para consultar a otros colegas mineros, ni hacer investigaciones en la web de las empresas mineras en el mundo, que son líderes en estas materias. El sector minero, a través de asociaciones y de gremios internacionales, ha respondido de manera oportuna en desarrollar una serie de iniciativas reflejadas en principios, guías, mejores prácticas y estándares de “Responsabilidad minera”, que establecen los requisitos para demostrar que se puede tener una cadena de suministro, de comercialización y una producción responsable de metales y minerales, respaldados por una combinación de herramientas para realizar análisis de brechas, generación de planes de adecuación y revisiones independientes de terceros que verifiquen el progreso de la implementación. 

En la Figura 2 presentamos un cuadro con un resumen de las principales iniciativas internacionales, divididas en aquellas que se enfocan en el sector minero a nivel general, las que son específicas a un commodity en particular y, finalmente, las que priorizan la responsabilidad en la cadena de valor de los commodities

De todas estas iniciativas internacionales, son los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM8, por sus siglas en inglés) las más utilizadas a nivel mundial, las más completas y holísticas en comparación a las otras. Esto se da no solo por el hecho de que las más grandes corporaciones mineras del mundo la conforman, sino porque también son utilizadas como referente por las asociaciones del gremio minero en muchos países y son sinónimo de buenas prácticas de responsabilidad para los inversionistas, bancos y mercados financieros cuando evalúan la gestión de los factores ESG9 (Ambientales, Sociales y Gobernanza, por sus siglas en inglés) de las empresas.  

El ICMM lanzó recientemente los 10 Principios de Minería cubriendo 38 “Expectativas de desempeño” de obligatorio cumplimiento por todas las empresas-miembro. Dentro de ellos están compromisos acompañados por estándares, guías y declaraciones de posición en temas de gobernanza como negocios éticos, derechos humanos, temas de género, derechos laborales, reasentamiento, gestión de riesgos y seguridad/salud. En los temas ambientales están incluidos el cambio climático, eficiencia energética, la biodiversidad y respeto a áreas protegidas, gestión del mercurio, gestión de relaves, gestión de agua, cierre de minas, gestión de desechos y producción responsable. En los aspectos sociales sobresalen las poblaciones indígenas, reasentamiento, diálogo y desarrollo, compromiso con las partes interesadas. 

La única empresa de accionistas peruanos miembro activo del ICMM es Minsur10, además de las operaciones, “joint ventures” y proyectos de las transnacionales que operan en el país como Anglo American, Barrick, Freeport-McMoRan, Glencore, Gold Fields, MMG, Mitsubishi, Newmont, Rio Tinto, Teck y Vale. 

La iniciativa de la Asociación Minera de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) se denomina Hacia Minería Sostenible11 y consta de 8 protocolos y 30 indicadores, divididos en tres aspectos principales: temas sociales y las personas, el impacto ambiental y la eficiencia energética. Se caracteriza por ser obligatoria para las empresas mineras que pertenecen al MAC, y dado su alto nivel de aceptación, las compañías canadienses que tienen operaciones fuera de su territorio, han empezado a utilizar estos estándares. En el caso del Perú, sabemos que Hudbay, que opera la mina Constancia12, ya los aplica, y que Pan American Silver en sus minas Shahuindo y La Arena, se encuentra en proceso de implementación de los protocolos. Una particularidad de esta iniciativa, que la diferencia de otras, es que tiene un criterio de escalas de desempeño y de rendimiento (C, B, A, AA y AAA) para demostrar de manera cuantitativa el estado de cada operación y estos resultados son publicados en la página web de la asociación.  

La Iniciativa por el Aseguramiento de Minería Responsable (IRMA13, por sus siglas en inglés) fue fundada en la década pasada, y desde que inició sus actividades se ha centrado en asegurar responsabilidad en aquellas empresas que adquieren metales para sus procesos de manufactura, sin embargo, en la actualidad ha evolucionado hacia un espectro bastante grande de compañías miembro, que incluye mineras. Hasta el momento, entre las firmas que actualmente integran el ICMM, solo vemos a Anglo American. Los estándares exigidos a los miembros son muy similares a los que vemos en el ICMM. 

Respecto a las iniciativas de responsabilidad específicas para ciertos commodities, los más relevantes para el sector minero en el Perú son sin duda los Principios de Minería Responsable del Oro14 (RGMP, por sus siglas en inglés) del Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés), los cuales a pesar de ser bastante nuevos (publicados en 2019), abarcan 10 principios y 51 requisitos, que quizás sean los más completos en comparación con las otras iniciativas. La única empresa de accionariado peruano miembro activo del WGC es Compañía de Minas Buenaventura, y las operaciones o proyectos de las transnacionales que operan en el país, siendo el caso de Barrick (Lagunas Norte y Pierina) y Newmont (Yanacocha). 

Las iniciativas relacionadas a la cadena de suministro, como el caso de la industria del acero, carbón y el aluminio, por mencionar algunas, también son estándares de cumplimiento obligatorio y aseguramiento por los miembros, pero que en este caso se enfocan en la cadena de valor, ya sean empresas proveedoras y en especial las consumidoras. Por ejemplo, en el listado existen varias empresas líderes de la industria automotriz y aeronáutica, y con este certificado demuestran que la adquisición de metales para su producción proviene de una cadena previa de extracción y producción responsable. 

Es importante mencionar que el ICMM viene trabajando en una propuesta de alineamiento y equivalencia con otras iniciativas (al menos sabemos de un esfuerzo de equivalencia con los principios del WGC, del IRMA y del MAC-TSM). El motivo principal es que hay empresas mineras que son miembros de más de una organización y no tiene mucho sentido duplicar la carga administrativa y los esfuerzos de verificación por terceros externos cuando varios de los controles y objetivos son muy similares. 

Esperamos que estas equivalencias estén disponibles prontamente, sin embargo, se realizó un ejercicio de identificación de puntos de congruencia entre las iniciativas principales, categorizadas en varios componentes claves que pueden ayudar a las empresas mineras a evaluar requisitos específicos, dirigidas a sus propias necesidades de fortalecer y/o complementar sus prácticas de responsabilidad actuales.

Necesitamos aún más transparencia y generar mayor confianza

Diversos estudios en el ámbito mundial15 han cuantificado el nivel de impacto reputacional que puede generar en el sector minero el hecho de aplicar buenas prácticas ESG y la influencia que tienen en generar confianza y solidificar la imagen empresarial, no solo para los inversionistas sino también a los grupos de interés. Una compañía que reporta sus estados financieros de manera transparente, de la mano con los indicadores de sostenibilidad, da un mensaje claro al mercado de que estos componentes son parte inherente de su cultura corporativa y la nueva forma de operar. 

La minería es consciente que, si hay un sector económico que presenta una mayor exposición a riesgos ambientales y sociales16, ese es justamente el minero en todo su ciclo de vida (desde exploraciones hasta el cierre), lo cual genera como consecuencia una mayor presión y demanda de información por parte de la población y grupos de interés en general. 

La siguiente interrogante que surge entonces es: ¿Cómo reportar las prácticas de sostenibilidad de la manera más efectiva posible? 

Típicamente las empresas de la gran minería en el país han venido demostrando su compromiso con las iniciativas de responsabilidad social a través de la publicación de informes de sostenibilidad reportando estadísticas de calidad ambiental o social de manera disciplinada; por poner unos ejemplos, se informa cuántos metros cúbicos de agua se ha extraído, usado y ahorrado en una operación en particular, al igual que la cantidad de toneladas de emisiones de carbono o el número de programas de salud ocupacional implementados. Dichas estadísticas carecen cada vez más de significado real si es que no van acompañadas de información del nivel de impacto positivo de estas en el entorno. El futuro de los reportes de responsabilidad corporativa va tendiendo hacia un enfoque de comunicar los impactos, de manera medible y comparable, y en nuestra realidad permite también cuantificar los beneficios de los programas efectivos de redistribución local del canon, regalías y obras por impuestos.

Dado que todos los sectores económicos e industriales a nivel país, están cada vez más familiarizados con los ODS de la ONU, están empezando a vincularlos con las actividades de responsabilidad. Esta tendencia nos da un aprendizaje valiosísimo, en el cual vemos como todos los “stakeholders” interesados en la información de sostenibilidad de las operaciones mineras (partes interesadas locales, gobierno, ONG, inversionistas, prestamistas, etc.) van alineándose hacia la necesidad de recibir la misma información, es decir, la divulgación de riesgos, oportunidades y el impacto positivo en la sociedad y el ecosistema. 

Poco a poco, también vemos que las compañías que manejan este tipo de información mantienen una tendencia a mostrar menores riesgos estratégicos e incluso a ser más rentables. Para agregar un nivel extra de credibilidad a estos informes, las empresas ahora buscan certificarlos y además verificarlos con terceros independientes, demostrando que los logros alcanzados son genuinos y medibles.

¿Cuáles estándares de divulgación en materia de responsabilidad son los más usados en minería?  

No solo en minería, sino a nivel global, los Reportes o Informes de Sostenibilidad, en su mayoría siguen los estándares y guías desarrolladas por la Global Reporting Initiative GRI17. Dos terceras partes de las empresas líderes a nivel mundial reportan de esta forma18

En el caso específico del sector minero, los estándares del GRI también son los preferidos a la hora de reportar los indicadores de sostenibilidad. Si bien es cierto, la información de cada empresa puede ser verificada, aún no permite realizar análisis de datos o comparar desempeños, a diferencia de “Hacia Minería Sostenible” del MAC, que sí posibilita de manera rápida y resumida, tener acceso al desempeño de las compañías miembro, y consideramos que debiera ser el modelo a seguir por el resto de herramientas.

Si hablamos de reportabilidad para algunos componentes específicos de responsabilidad, hay otras herramientas que el sector minero viene utilizando. Es el caso del cambio climático, donde todavía hay oportunidades de asegurar que las empresas cuantifiquen los riesgos físicos, sociales y financieros relacionados a los efectos del calentamiento global. En este sentido, existe un nuevo estándar que se ha convertido en la herramienta de preferencia, que es el Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD19, la cual permite entender las amenazas, riesgos y oportunidades que enfrenta la compañía para implementar prácticas sólidas de mitigación y adaptación a los efectos del calentamiento global. El estándar de reportabilidad del Carbon Disclosure Project (CDP)20 tiene la ventaja de poder presentar el ranking y las evaluaciones cuantificables de desempeño en base a calificaciones frente a una serie de criterios y aplicación de prácticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

La gestión del recurso agua es indudablemente el componente ambiental más sensible desde el punto de vista de evaluación de impactos en el ecosistema que puede tener la minería en todo su ciclo de vida, y motivo de muchas controversias, conflictos, preocupaciones y hasta politización del recurso, pero también de buenas prácticas y de múltiples oportunidades para demostrar una gestión sostenible. Vemos también como las nuevas tecnologías mineras (minimizar el uso del recurso en áreas de estrés hídrica o el uso de relaves semi-secos o secos, por mencionar dos ejemplos) están apuntando a considerar el recurso agua como un aspecto clave en el análisis de decisión de un proyecto y que permiten reducir los consumos y fomentar el reúso y el reciclaje del agua en las minas. Desde el punto de vista de reportabilidad, la iniciativa del Water Disclosure Project del CDP permite comparar las prácticas de responsabilidad hídrica a nivel global. 

A nivel local, resaltamos la iniciativa voluntaria denominada Certificado Azul de la Autoridad Nacional del Agua21, que busca el compromiso de las empresas del sector privado en seguir un proceso bien definido de medición de huella hídrica, identificación de brechas y establecimiento de planes de mitigación, adaptación y finalmente de medición y seguimiento, apuntando hacia un objetivo final de protección de la cuenca en su conjunto. Pensamos que esta iniciativa debiera ir tomando más fuerza y tracción en el sector de la gran minería en el país, hasta lograr convertirse en un estándar dentro de los siguientes años.  

Reflexiones finales

Es innegable que la pandemia del Covid-19 ha dejado en evidencia las múltiples debilidades institucionales que tiene el país, las brechas de infraestructura y precariedad de servicios básicos que ponen en manifiesto las desigualdades estructurales que tenemos como sociedad. A pesar de que el Perú cuenta con sólidas bases macroeconómicas –en gran parte sustentadas por muchos años de desarrollo minero– el golpe a la economía ha sido significativo, arrastrando a la minería y toda su cadena de valor a niveles impensados de retroceso productivo y económico.

El desafío que tenemos por delante es grande y resulta complejo el poder priorizar acciones en el ámbito institucional dado que no están bajo nuestro control. Sin embargo, a nivel de gremio y de empresas de la gran minería, resaltamos algunos aspectos que podrían considerarse como contribución adicional a las acciones actuales de desarrollo socioeconómico y sostenibilidad.

Una visión de valor compartido. La pandemia nos deja la necesidad, ahora más que nunca, de buscar formas innovadoras de activar los proyectos mineros que quedaron en la lista de espera. Los que están ubicados en el sur y el norte del país que ya cuentan con estudios de factibilidad e ingeniera, pueden convertirse en el ejemplo de “operacionalización” del Plan de Desarrollo Territorial, Sostenible e Integrado, que incluya planteamientos hacia una adecuada distribución del canon y regalías, definido en base a brechas sociales. 

Socios en el desarrollo y el bien común, consolidando las buenas prácticas y ejemplos reales de sostenibilidad en la relación con comunidades y la minería extraídos del ICMM, del Banco Mundial22 y de los otros estándares internacionales presentados en el informe, podemos concluir que, un elemento clave del desarrollo sostenible, parte por fortalecer las capacidades de visión sostenible de las partes interesadas, mayor involucramiento del Estado y acciones concretas encaminadas a garantizar una distribución justa de los beneficios de la minería.

Gestión social, un concepto dinámico y que evoluciona constantemente. La Guía de Responsabilidad Social ISO 26000:2010 es actualmente el mejor referente para diseñar e implementar un programa de responsabilidad social y ambiental, además de prácticas sólidas de ética, anticorrupción y derechos humanos.  

Rehabilitación responsable, debido a que a nivel nacional vemos un mayor número de operaciones mineras aproximándose a las etapas de cierre y post-cierre, lo que significará ejecutar acciones de rehabilitación y/o de compensación, una gestión eficaz de los efectos a largo plazo de la minería va a requerir cuanto antes que las partes interesadas se involucren en los procesos de planificación, ejecución, cuidado y mantenimiento y, de esa forma, garantizar que los beneficios del desarrollo local y regional puedan ser sostenibles.

Mayor divulgación, más confianza, mejores resultados. Las empresas más robustas financieramente hablando, son a su vez las que tienen los mejores desempeños en sostenibilidad. En minería sucede lo mismo, existiendo casos prácticos y estándares de reportabilidad que pueden analizarse y utilizarse para gestionar y reportar indicadores relevantes, basados en riesgos y los impactos positivos esperados. A nivel país vemos sólidos ejemplos en Chile o Australia donde la minería es parte inherente de la cultura y asumida por la sociedad como motor del desarrollo nacional.  

Investigación, Desarrollo e Innovación (IDi). Las compañías mineras pueden realizar un mayor esfuerzo de integrarse a las iniciativas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú con el fin de enriquecer los programas de sensibilización sobre los beneficios de la minería, la necesidad a futuro de la producción de metales y minerales para las nuevas tecnologías limpias y el fomento de la investigación en las universidades, además de promover la digitalización y la automatización del sector que permita optimizar las metas de sostenibilidad.

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En esta edición: Buenaventura, Antamina, Anglo American e innovaciones en exploraciones

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